Siguiendo con el tenor literal del comunicado de La Caja, nos encontramos con que “en el momento de dictarse sentencia en el citado procedimiento, 5 de diciembre de 2007, La Caja de Canarias ya ostentaba la condición de acreedora hipotecaria. Posteriormente, en marzo de 2008 y, dadas las dificultades financieras que atravesaba la compañía Evemarina, S.A. (actualmente, en situación de concurso de acreedores), la Entidad aceptó recibir el solar de la calle Pavía en dación en pago del préstamo hipotecario”. En marzo de 2008 formaban parte del Consejo de Administración de La Caja nada menos que cuatro concejales de Las Palmas de Gran Canaria: Felipe Afonso El Jaber, Antonio Naranjo, Alejandra Fabre y Néstor Hernández, los primeros ya en la oposición y el último en el grupo de gobierno. Pero ninguno de ellos aprobó las cuentas de la entidad en marzo de 2009, ya bajo la presidencia de Juan Manuel Suárez del Toro. Sí lo hacen Román Rodríguez y Josefa Luzardo, vicepresidentes primero y segunda, respectivamente. Dice La Caja en su memoria de 2008 (página 124) que durante ese ejercicio “el grupo ha registrado en el epígrafe de inversiones inmobiliarias los activos (terrenos) procedentes de cancelación de deudas de clientes por importe de 52.304 miles de euros, pero prevé desarrollarlo o venderlo si se recibe una oferta de interés”. Según la memoria, esos terrenos tienen un valor de tasación de 60.379.000 euros.