Curiosamente, el informe sobre el impacto económico de los recortes financieros a la Ley de Dependencia arroja la paradoja inicial de que Canarias, con la pérdida de 22 millones del total estatal de 816 millones que se detraen de su ficha financiera, deja a las Islas como la región en la que menos dinero se pierde para Dependencia, pero por el triste hecho de que ha sido, históricamente, una de las comunidades autónomas que peor ha aplicado la Ley y por tanto menor cantidad de dinero ha recibido por ese retraso en el desarrollo de estos servicios. Es el consuelo de tontos de no hacer bien los deberes, que va a suponer, según estos nuevos datos de Directoras y Gerentes, un ahorro potencial a las arcas autonómicas de 12 millones de euros o, lo que es lo mismo, una merma directa de tal cantidad para los dependientes canarios, que a la cola seguirán entre todos los del país. El informe es demoledor en sus trazos generales y advierte que con estos importes que detraen unos 80 euros por persona y mes lo poco que se va a poder financiar en las Islas son las prestaciones económicas y la teleasistencia, pero para nada el desarrollo del sistema en los grados superiores de dependientes y sus necesidades.