Nadie en la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, responsable de ese irresponsable programa Atlante II, está en condiciones de dar una cifra aproximada del número de presuntos delincuentes que han podido dirigirse tan ricamente al decanato de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria a pedir un certificado de sus cuentas con la Justicia. Porque lo ocurrido hace cinco días no tiene por qué ser un caso aislado. Un ciudadano se persona para pedir información sobre sus “causas pendientes”, y en lugar de escupirle las que pudiera tener por juicios rápidos, pleitos civiles o faltas, Atlante se lo cuenta todo, incluido el auto de prórroga de un sumario secreto del que, como es obvio, no tenía conocimiento el interesado. En este caso pudo salvarse la operación judicial y policial en marcha porque los funcionarios del juzgado en cuestión actuaron con destreza y despistaron al presunto delincuente, pero, ¿qué hubiera ocurrido si, conocedor de que se le está investigando, el ciudadano pone pies en polvorosa y se deshace toda la operación? Eso ha estado a punto de ocurrir en este caso, pero nadie, absolutamente nadie, puede garantizar a día de hoy que ese infalible sistema que tanto defienden Soria y Ruano haya hecho lo mismo con otros imputados. O imputadas.