Con esta decisión, que tiene un marcado carácter político, el Consejo General del Poder Judicial hace un flaco favor al prestigio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en las últimas fechas se ha visto envuelto en polémicas resoluciones, siempre relacionadas con altos cargos de las Administraciones Públicas canarias. El órgano de gobierno de los jueces está controlado todavía por el Partido Popular, que se niega a su renovación, y ya podemos ir entendiendo por qué. Tengamos presente, que además de las urgentemente archivadas reminiscencias de Góndola, el TSJC está investigando al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y la Sala de lo Civil y lo Penal está resolviendo un recurso en el que se recusa a sus tres miembros (Margarita Varona, Carla Bellini y Antonio Castro) por el asunto de las mentiras de Soria a la comisión de investigación del escándalo eólico. Demasiados frentes como para sumarle la incorporación de un cargo político sin descompresionar.