El decreto de creación del AGI dice textualmente que esta figura habrá de asumir “todas las competencias que tengan que ver con la conservación de los espacios naturales”. A esa ambigüedad que algunos interpretan máxima concreción por lo que abarca, se han agarrado como clavo ardiendo funcionarios de la Comunidad Autónoma, constituidos en celosos guardianes de sus competencias. Así, mientras que la consejera de Agricultura y Pesca, Pilar Merino, y hasta el presidente Rivero han afirmado en público (incluso en territorio graciosero) que no hay inconveniente en traspasar al consorcio los asuntos pesqueros, un jefe de servicio se cierra en banda y no afloja un punto. Lo mismo ocurre en Puertos y nos imaginamos que aflorarán algunos celos más en otros departamentos. A ello hay que sumar la genialidad de Domingo Berriel, que el pasado viernes, aprovechando la feliz intervención de otra lumbrera, la enviada especial de Parques Nacionales, relegó a los propietarios de los islotes a una representación simbólica en el consorcio, al que se les convocaría sólo cuando se hayan de abordar cuestiones de esos islotes. Como si las cosas en el Chinijo se pudieran cuadricular para resolverlas metro a metro.