Las grandes empresas no perdonan. Ni esperan por una condena firme que despeje cualquier atisbo de duda sobre el comportamiento de los suyos. Si un directivo de una compañía como Dragados y Construcciones es detenido e imputado en una supuesta trama de corrupción, es llamado inmediatamente a Madrid para comunicarle de modo formal la rescisión de su contrato en aplicación de la cláusula correspondiente y previo abono de la liquidación pactada. Eso le ha pasado estos días al que fuera delegado de Dragados y Construcciones en Canarias, Abelardo Martínez, al que nadie ha ofrecido ni los abogados de la compañía ni el dinero necesario para hacer frente a la fianza impuesta por el juez de Telde que ordenó su detención. No es el primer directivo de una empresa de este grupo empresarial que es abandonado a su suerte tras aparecer implicado en esta operación. Falta por dilucidar cuánto dinero ganó la compañía gracias a las gestiones -hoy desveladas ilícitas- de sus directivos.