Creíamos que aquello había dormido el sueño de los justos, pero la lentitud de la justicia y las necesarias investigaciones han dado como resultado que a partir de este martes tengamos que volver a hablar de uno de los penúltimos escándalos del Partido Popular de Canarias en su más reciente paseo triunfal por el Gobierno regional (2007-octubre de 2010). Regresa a las portadas de los diarios el caso Roldós, el caso Lifeblood o el caso hemodiálisis, como ustedes lo quieran llamar, consistente en la manipulación de un concurso público de 124 millones de euros para la prestación del servicio de hemodiálisis de los hospitales Doctor Juan Negrín, de Las Palmas de Gran Canaria, y José Molina Orosa, de Lanzarote. Tres personas han sido llamadas a declarar en calidad de imputadas por este asunto: la ex secretaria general del Servicio Canario de Salud, Lourdes Quesada; el empresario vinculado a Improcansa Francisco Javier Jorcano, y el abogado Javier Artiles Camacho. Sobre la mesa un caso de corrupción de manual: se adaptan los pliegos de bases técnicas y administrativas de un multitudinario concurso para que lo pueda ganar una empresa sin experiencia ni solvencia técnica ni económica. Y dos personas clave: la secretaria general de Sanidad, que ordena modular esas bases, y el cerebro de la operación, el abogado Javier Artiles, que juega a tres bandas: concursante tapado de la oferta ganadora, concursante de una oferta competidora y asesor directo de la Consejería de Sanidad, dentro de la que ha llegado a actuar como redactor de pliegos de concursos y como vocal de mesas de contratación.