El canódromo ha sido una vieja aspiración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Cosa distinta es el éxito que hayan tenido las diferentes corporaciones para hacerse con un suelo privilegiado en una zona carente de espacios libres para atender la demanda ciudadana. El primer alcalde que puso su vista en él para un gran parque fue el socialista Juan Rodríguez Doreste, que llegó a tener una cifra sobre la mesa, 80 millones de pesetas, pero las arcas municipales que heredó de la UCD no le permitían esos dispendios. Por eso se inició a continuación un expediente de expropiación cuya urgencia para ocupación forzosa fue desestimada a finales de los ochenta por el Gobierno de Canarias. Más tarde apareció José Manuel Soria, y aplicando esas alegrías liberales que él tiene y sus ganas de mover el dinero, se lo entregó a una empresa tras las muy oportunas e ilegales recalificaciones. Pero la culpa fue de los técnicos, claro. A ver qué dicen, que ya tienen demasiados sambenitos colgando.