A nuestro presidente le sería exigible un poquito de cordura. Porque afirmar que cree que sí hay escuchas ilegales en España le coloca en el pelotón de los dirigentes del PP pendientes de demostrar lo que aseveran. Salvo que don Paulino se refiera a las escuchas que ocuparon la segunda parte de su discurso, por llamarlo de alguna manera. Estaríamos entonces ante intervenciones ordenadas por un juez que dieron como resultado la imputación de delitos a determinadas personas (honorables o no) y/o la apertura de la correspondiente investigación para comprobar si se habían o no cometido esos presuntos delitos. Así las cosas, se nos ocurre pensar que nuestro presidente se podría estar refiriendo en concreto a dos paquetes de escuchas: 1) las interceptadas al empresario Santiago Santana Cazorla en el marco de la Operación Góndola, y 2) las interceptadas al alcalde de Arona en el marco de la Operación Edén. Veamos por qué son destacables esos procedimientos para el señor Rivero.