Y si, por un casual, la tramitación de un expediente sancionador de la Comunidad Autónoma de Canarias tropieza con algún funcionario diligente y nada temeroso de los designios del jefe corrupto de turno y concluye en la exigencia de sanción al administrado, por lo bajini se le termina recomendando que no pague a la primera, llegue hasta el final en sus recursos. El administrado sancionado, confiado en asesoramiento de tan alta calidad, recurre primero ante la consejería sancionadora y, si tiene la mala fortuna de ver rechazadas sus pretensiones en alzada, alguien le anima a que acuda a la vía contencioso-administrativa. Se han dado casos en los que la empresa sancionada se ha encontrado con la agradable sorpresa de que la Comunidad Autónoma se ha allanado en la demanda, lo que equivale automáticamente en un fallo favorable al recurrente. Esto está pasando en Canarias y siempre en favor de los más poderosos.