Las escaramuzas de este bufete de abogados madrileño, muy conocido por el Gobierno de Canarias y por decenas de empresas de comunicación que quedaron fuera del concurso por su negligente actuación, llegaron en el caso valenciano a falsificar presuntamente las firmas de dos ingenieros de telecomunicaciones, teóricos autores de las memorias técnicas prescritas en las bases. Cuando la Generalitat valenciana detectó que las rúbricas de la ingeniera no coincidían en las distintas páginas, requirió a Díez & Romeo para que se explicara, a lo que los abogados alegaron que tenían un acuerdo verbal con ella y que garabatearon por cuestión de tiempo, aunque en realidad tenían contratado a otro ingeniero más. Sin embargo, ante el juez, el representante del despacho reconoció que ni la ingeniera ni el ingeniero, cuya firma también fue presuntamente falsificada en las ofertas, jamás trabajaron para Díez & Romeo. Pero siendo grave que pudieran falsearse hasta tres firmas de ingenieros por parte de los empleados del bufete, más lo es que se falsificaran en nombre de sus clientes, algunos de los cuales han resultado imputados en la causa por el mismo motivo. La excusa esgrimida por Rodríguez Díaz en el juzgado es que todos los ingenieros estaban en un listado que tenían en su poder y que pusieron sus nombres en las ofertas “por error”. En la publicidad ante sus clientes, el despacho presumía de una amplia nómina de profesionales técnicos.