Alguien debe estar facilitando información sesgada al Círculo de Empresarios para llevarle a pronunciarse de manera errónea, particularmente en los casos de corrupción que se investigan en Canarias. Dice esta organización paralela a la patronal CCE, que policías y fiscales “ponen en marcha espectaculares iniciativas que acaban siendo archivadas por los jueces”. Incorrecto. En casos como los de las escuchas entre el empresario Santiago Santana Cazorla con Adán Martín y Domingo Berriel, o de aquel con Salvador Iglesias, o de las mentiras de Soria ante una comisión de investigación del Parlamento, nos encontramos con unos archivos judiciales producto de los correspondientes informes emitidos en tal sentido por fiscales a las órdenes de la Fiscalía General de Canarias que, en estos casos, no ha estado muy por la labor de investigar comportamientos de presunta corrupción. La excepción es la Fiscalía Anticorrupción, y ahí es donde está la madre del cordero, el epicentro de todas las quejas. Pero tenían que generalizar para que no se les viera excesivamente el plumero.