No sabemos si ya lo ha hecho, pero la primera encomienda que debiera encargar Vicente Garrido, máximo fiscal de Canarias, es que los suyos se lean la sentencia del Supremo sobre el caso Tebeto. Porque, vaya usted a saber por qué requiebros del destino de repente van y descubren que se precipitaron al archivar, con veinte menesterosos folios de tristes justificaciones, la denuncia que en plena batalla interpuso Santiago Pérez, a la sazón portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La denuncia era muy escueta, a la par que certera: que se investigue qué tasaciones sobre Tebeto eran verdaderas y cuáles estaban más infladas que el muñeco de la Michelin para ser aportadas a la causa administrativa, luego convertida en judicial. Porque era del todo imposible conejar la tasación del tío de los Soria (noventa y tantos millones de euros) con las que encargó el Gobierno al verse compelido a pagar (entre 800.000 y 2,2 millones de euros). Pero, una vez más, la Fiscalía no vio motivos para molestarse.