La vista celebrada este jueves en Santa Cruz de Tenerife para dilucidar si se accede o no a las pretensiones de Televisión Canaria de suspender los acuerdos entre Televisión Española y Candelaria, tuvo algunos momentos memorables. Resultó clarificador ver cómo a La Nuestra le asistían los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y no alguno de los dos flamantes letrados que tiene contratados el ente público. Resultó inquietante escuchar a la abogada del Gobierno decir que el sello de entrada que mostraba a su señoría el abogado del Ayuntamiento para justificar que se dirigieron a La Nuestra antes que a TVE, podría ser falso. Pero peor fue el papelón de la fiscal, que pretendió defender la reclamación de TVC invocando derechos fundamentales como el de acceso a la información. Atender ese requerimiento es tanto como acabar con la cesión de derechos en exclusiva que existen en ámbitos como los carnavales, los Sanfermines, la Fórmula 1 o el fútbol. Salvo que la representante del Ministerio Público considere que lo de la Candelaria rebasa todos los límites del interés general humano para situarse en un nivel divino que sólo puede atender una cadena televisiva como La Nuestra.