María del Carmen Castellano se convertirá a partir del próximo sábado en la primera persona que accede al bastón de mando de un municipio grancanario estando en situación de libertad bajo fianza y a escasos meses de sentarse en el banquillo de los acusados de un juicio con jurado al que acudirá acusada de los presuntos delitos de cohecho y malversación de fondos públicos. No será la primera, sin embargo, que tome posesión estando en situación de imputada por un caso de corrupción. Ahí se le adelantó su compañero del PP Francisco González, alcalde de Mogán, que en 2007 revalidó su mayoría absoluta tras ser detenido en el marco de la operación Góndola. La futura alcaldesa de Telde, según recoge el auto de cierre de instrucción del caso Faycán, cobró de manos de la fallecida María Antonia Torres al menos tres cantidades de dinero en forma de comisiones ilegales: 2.235, 20.500 y 16.071 euros, pero no pudo justificar ante el juez instructor, el magistrado Francisco Javier García-García Sotoca, la procedencia de 81.466,02 euros con los que se enriqueció en el periodo 2003-2006. El que ejercía entonces de alcalde de Telde, y ahora se perfila como próximo director de gobierno de la nueva mayoría teldense, Paco Valido, percibió iguales cantidades de comisiones ilegales de manos de Toñi Torres, pero el juez le atribuye falta de justificación de más de 112.000 euros, 56.638 por su parte y 56.232 por parte de su esposa, siempre en el periodo 2003-2006. Curiosamente ambos dimitieron tras ser puestos en libertad, asumiendo de ese modo sus responsabilidades políticas y a la espera de las penales. Pero han regresado de la mano de su partido, el PP, experto en rehabilitar corruptos. Es para estar muy tranquilos con lo que se avecina.