Deben nuestros lectores situarse en aquellos meses de 2004, con el PP dentro del Gobierno de Canarias, con Soria campando a sus anchas, repartiendo casinos y haciendo de las suyas en aquel penoso invento de La Gran Marina. Se valía de personajes siniestros como José Manuel Arnáiz, que hacía exactamente lo que le ordenaban él y Mauricio, y no necesariamente por ese orden. Por eso creyeron que la operación de Esquivel estaba chupada. Bastaba con dejar morir la empresa pública Megaturbinas de Arinaga y regalar el negocio al casero. De ahí que en un consejo de administración de esta empresa, celebrado el 20 de noviembre de 2004, se produjera el lamentable espectáculo de ver a todo un vicepresidente del Cabildo, Miguel Jorge Blanco, presidente de la empresa, tumbar el único punto del orden del día, la participación de Megaturbinas en el negocio eólico. En una vergonzosa postura, el vicepresidente primero recibió instrucciones telefónicas del vicepresidente tercero, Larry Álvarez, en tal sentido. Esto también lo saben el juez y la Fiscalía Anticorrupción.