Así las cosas en el terreno judicial, continúan en el Parlamento las pesquisas políticas. Se acogió este martes a su derecho constitucional el funcionario Honorato López Torres para no declarar ante la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas en la trama eólica. Lo hizo alegando que, por encontrarse imputado, cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra, y mucho más. Nos parece razonable tal postura, pero con ella nos quedamos con las ganas de conocer aspectos puramente operativos de la Consejería de Industria, que entonces dirigía el cada vez menos escurridizo Luis Soria. El funcionario no obtuvo ningún reproche de las fuerzas políticas, particularmente del PP, que hasta la fecha había tratado a algunos comparecientes como si ya tuvieran sobre sí una sentencia condenatoria. En esta cuestión, este martes actuó de igual modo CC, que no está para muchos meneos en las comisiones parlamentarias en vigor.