A la juez parece haberle hecho mucha gracia enterarse en la sala de vistas del concepto que tiene don Pepito de la justicia canaria, bueno de la justicia española que se imparte en Canarias, que a él la que le gusta es una con la que sueña en la que aparece togado como presidente del Supremo. Ya saben que de un tiempo a esta parte, el editorialista sostiene que nunca ganará un pleito con estos jueces de la metrópoli, una afirmación rotundamente cierta pero cuya raíz no enlaza con la procedencia o proceder de sus señorías, sino con los jardines en que se mete el heredero universal, a título de preboste, de don Leoncio Rodríguez (si levantara la cabeza). Por eso, la magistrada hizo un irónico agradecimiento al demandado por hacerle su trabajo. Ups. Porque este pleito lo tiene más perdido que Malta contra España (y perdón por la comparación), una vez ha quedado probado que el editor no consintió que nadie de El Día recogiera ningún escrito que llegara a la redacción aquellos días de mayo. Ya sabía que le iban a advertir acerca de las falsedades que pretendía publicar (y publicó) sobre una fantasmagórica empresa millonaria en Puebla (México), y por eso nadie aceptaba nada con acuse de recibo. Y así estuvo la plantilla de Leoncio Rodríguez SA durante 48 horas, incluyendo en los desaires a un notario que por allí se constituyó con los mismos fines. Fue finalmente un burofax lo que entró hasta la cocina 72 horas después, pero su contenido no se publicó como ordena la ley del derecho de rectificación. En su defensa, el abogado del demandado alegó que el escrito no reunía las determinaciones legales y que la versión de Paulino Rivero ya se había publicado. Cierto, pero con una insistencia muy majadera del periódico en que la verdad era la suya y sólo la suya. El juicio quedó visto para sentencia pero es sólo el primero de la ristra de pleitos que el presidente del Gobierno, su familia y allegados han interpuesto contra don José, imputado penalmente en otras dos causas por esos editoriales tan chiripitifláuticos.