Es más que evidente que la concesionaria de los servicios informativos de la Televisión Canaria está incumpliendo el pliego de condiciones por el que se le adjudicó el correspondiente concurso. Porque en él se puede leer más que clarito que “se considerarán imputables al adjudicatario los retrasos o incumplimientos contractuales que tengan por causa la existencia de huelgas o conflictos laborales en la empresa, salvo supuestos de huelga general”. Como han reconocido todas las partes, el conflicto está reduciendo notablemente las horas de programas informativos, tanto en las jornadas de huelga como aquellas en las que los trabajadores se presentan en sus puestos para comprobar cómo Videoreport esquiva sus servicios. Para colmo, el concesionario no ha aceptado la fijación de servicios mínimos en los días de paro, y es el ente público quien está corriendo con los gastos derivados de la emisión y producción y realización de los informativo enlatados que se están ofreciendo a los espectadores. El pliego contempla sanciones económicas y la resolución del contrato ante eventualidades como ésta.