Pero si ya es grave que un organismo público haya estado contratando al margen de la legalidad vigente, más grave es que se entere por el sector más agraviado por su gestión, el de las productoras canarias, de su continuada metedura de pata. Porque constituye toda una prueba de cargo publicar ahora las normas de contratación cuando de su lectura lo primero que se desprende es que éstas han sido sistemáticamente incumplidas por el órgano de contratación, es decir, el director general del ente público, Willy García. Para los no iniciados debemos aclarar que hasta 2008 la Televisión Canaria tenía adjudicado por concurso a una sola empresa (Socater) la producción de programas de entretenimiento y la producción de informativos, pero tras la eclosión de Mamandurria TV, separó esos dos servicios en otros tantos lotes. El ente se quedó con el de producción de programas y adjudicó, por el método ya contrastado del artículo 33, el de Informativos a Videoreport Canarias. Es en el primero de esos lotes donde se ha actuado de espaldas a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El segundo, como saben, está recurrido ante los tribunales. Una más para el rico historial de esta tele pública.