Ya tenemos conocimiento del famoso informe técnico sobre la seguridad de la bandera de Gran Canaria en la plaza de la Fuente Luminosa. No lo ha confeccionado la empresa encargada del mantenimiento, la misma que en la parte final del mandato de Soria puso por escrito que no se responsabilizaba de la seguridad del invento como consecuencia de la ubicación elegida y la consiguiente corrosión marina sobre los elementos que componen el conjunto monumental. El nuevo informe ha sido hecho de encargo y lo firma un ingeniero del propio Cabildo de Gran Canaria. Este técnico no se moja en absoluto y da por segura la bandera y su ubicación siempre y cuando se observen las necesarias medidas de seguridad y se ejecuten los trabajos de mantenimiento correspondientes. La prevención no es baladí porque, de ocurrir algo, el firmante del informe se lavará las manos si, por hache o por be, se descubre que la densidad del aceite empleado para engrasar los engranajes no es el homologado por la UE. O vaya usted a saber. Pero lo más revelador del informe del que se ha agarrado el PP para volver a instalar la bandera es su referencia a las palmeras de los alrededores: según el ingeniero insular han de ser removidas de allí porque con sus ramas podrían dañar la bandera en el momento de su izado, dado el inmenso tamaño que tiene la tela. Esto quiere decir que a los 30.000 euros de coste anual por mantenimiento ya hay que ir sumando lo que haya que invertir en trasladar unas palmeras de sitio. Y buscar unos arbolitos que no molesten a la bandera para sustituir los elementos trasplantados. Hubiera resultado más rentable hacer caso al presidente de la UD Las Palmas, que hace unos años pidió que el traslado de la bandera a las inmediaciones del Estadio de Gran Canaria.