Pero a esa carta de presentación del caso Lifeblood hay que unir una serie de aditamentos que amplifican de manera especial el escándalo. La constante es el Partido Popular, de la que forma parte como destacada dirigente Mercedes Roldós, a la sazón consejera de Sanidad en el momento de producirse los hechos. Pero hay otro elemento en presencia que relaciona el asunto con ese mismo partido: la aparición de Lifeblood, una empresa hijastra de la que protagonizó uno de los pelotazos más sangrientos de cuantos permitió contra Las Palmas de Gran Canaria el ex alcalde José Manuel Soria. No les hablamos de La Favorita, que con un pelotazo de siete millones de euros ocupa la segunda plaza del ranking. Les hablamos del canódromo, que supuso un perjuicio para la ciudad de nueve millones de euros, según han concluido los informes técnicos y una comisión de investigación. Porque Javier Jorcano, uno de los tres imputados, administrador de Lifeblood, es yerno de Eduardo Fernández, presidente de Inprocansa, la empresa que dio el fabuloso pase en el polémico solar de Schamann, cuyo futuro está ahora mismo sujeto a una sentencia del Supremo que debe estar a puntito de llegar. Un tercer elemento termina por enredarlo todo: una de las imputadas, Lourdes Quesada, la que presuntamente ordenó la suavización de las bases del concurso de la hemodiálisis, es la esposa del fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, lo que ha obligado a desplazar fiscales especiales anticorrupción de Madrid. Bien es cierto que no es la primera vez que la señora Quesada resulta imputada por su gestión en Sanidad, pero en las anteriores ocasiones fiscales a las órdenes de su esposo actuaron sin miramientos.