Se ha abierto desde el viernes una nueva fase en el futuro del islote del Francés, la pieza de suelo más codiciada de la isla de Lanzarote si descontamos las que ocupan los hoteles ilegales que algunos quieren salvar por la puerta de atrás aprovechando las tragaderas cada vez más estrechas del personal. La desafección del litoral de la ciudad por parte de Puertos del Estado ha dejado al islote en manos de Costas, es decir, en manos de la delimitación de dominio público, una figura legal que está perfectamente definida por la Ley de Costas de 1988. Y repetimos el año, 1988, es decir, anterior a 1993, año en el que se produjo una sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 19 de octubre, que declaraba el islote urbano con consecuencias indemnizatorias. Por ahí va a ir la estrategia de salvación del propietario del islote, Jaime Cortezo, que quiere sacar la mayor tajada de una pieza para la que llegaron a prometer en una idílica cena con Dimas Martín en Costa Teguise, hasta nueve plantas de edificabilidad. La sentencia del 93 está sujeta a la aplicación del dominio público, y más concretamente a la servidumbre de protección, que según los más avezados expertos en la materia, afectaría a todas las limitaciones a la propiedad privada.