Ni con agua caliente se separan algunos de los negocios éticamente incompatibles con la política. Nuestro admirado Jorge Rodríguez, diputado del PP en la Cámara regional, sigue insistiendo en esas mismas prácticas, seguramente inmune tras el mal trago que pasó con el caso Faycán, donde resultó acusado de haber cometido el delito de tráfico de influencias, aún pendiente de juicio. Damos por hecho que, tras su reciente regreso al Parlamento, habrá tramitado ante la Mesa su compatibilidad para ejercer como “asesor jurídico” de determinadas empresas con las que mantiene extraordinarios vínculos. Es el caso de Islas Airways, la compañía de Miguel Concepción, actualmente bajo una investigación administrativa por haberse dedicado, presuntamente, a defraudar al Estado cobrando indebidamente millones de euros en concepto de descuentos aéreos para residentes. Jorge Rodríguez, que era directivo de la compañía cuando se produjeron esas supuestas prácticas ilícitas, continúa vinculado a ella, en este caso como asesor jurídico. O sea, que un diputado canario se dedica a defender ante la Administración a un cliente sospechoso de haber cometido un fraude. No nos negarán que curiosito por lo menos es.