Mientras algunos jueces juegan con el calendario electoral para pasar al estrellato y hacer una carrera paralela ahora que cualquier cosa puede pasar, otros se dejan cautivar por peligrosos cantos de sirena. Ya tuvimos aquí a un presidente de Audiencia Provincial, José Antonio Martín, que acabó con su futuro y comprometió su presente por pasarse de frenada en el asesoramiento a un narcotráfico y por dedicarse a actividades privadas (formar parte de un consejo de administración) incompatibles con la Judicatura. El corporativismo lo acabó salvando de una afrenta acompañada de condenas y degradaciones, pero su comportamiento quedó absolutamente acreditado para perplejidad de los que todavía siguen creyendo en la pureza de la Justicia. Un tocayo suyo, de nombre y de funciones, el presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela, va a ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) por supuestamente haber recibido dinero del empresario Jorge Dorribo (el mismo que quiso empuercar a Pepiño Blanco) y por dedicarse a actividades privadas incompatibles con su condición de magistrado. Dicen las crónicas que Varela (no confundir con el inquisidor garzoniano) pudo haber recibido de esa joya empresarial unos 60.000 euros para comprarle una farmacia al novio de la niña y otros 9.000 por asesorar al propio Dorribo. Resulta curioso observar que las implicaciones de Varela se conocieran el año pasado y sea ahora cuando su asunto se remite a las instancias que entienden de los aforados. Ah, claro, espera, que este ni es del PSOE ni se presenta a las elecciones. Que tontos estamos.