El informe de Gabriel Megías está redactado en clave catastrofista, explicando a quien corresponda los efectos que en aquel momento, 28 de octubre de 2008, tendría sobre las arcas autonómicas el pago de los 101 millones de euros de Tebeto. Además de “condicionar la capacidad de gasto de la Comunidad Autónoma”, obligaría a “dejar de atender importantes y sustanciales áreas de gasto público (...) en muchos aspectos asociados a la prestación de servicios públicos esenciales” y “llevaría a incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado y el máximo del déficit legalmente previsto para las Comunidades Autónomas”. Pero, además, el informe del viceconsejero de Hacienda revelaba entonces que, por aquellas fechas, y dada la caída de la recaudación tributaria, las previsiones de cierre para el ejercicio 2008 eran de un déficit de 350 millones de euros, veinte millones más de lo legalmente permitido. Menos mal que Soria fue el primero en ver venir la crisis, según presumió. Porque si llega a prever peor, Tebeto hubiera llegado demasiado tarde para arruinarnos.