Ni tanto ni tan calvo. La corrupción que se investiga en Canarias, mayormente en manos del PP, no está tan generalizada como cabría pensar cada mañana, cuando nos echamos a la cara la prensa entre la magdalena y el cortado. Los periodistas, en más de una ocasión, nos lanzamos a la piscina creyendo que todo el monte es orégano o, lo que es peor, vistiendo como manos limpias lo que no es otra cosa que el lógico devenir de los hechos. Esta semana ha sido noticia Lanzarote porque, de repente, aparecieron una serie de informaciones relativas a presuntas actuaciones de la Fiscalía contra alcaldes procesados por presuntos delitos de prevaricación urbanísitca. No son todos los que están ni están todos los que son, lo que obligó a la Fiscalía del TSJC a emitir un comunicado, el primero que recordamos de esta naturaleza, para poner las cosas en su sitio: “Se trata de escritos de acusación formulados en procedimientos penales que llevan varios años tramitándose en los Juzgados de Arrecife, por hechos cometidos entre los años 1997 a 1999 (Haría), 1999 (Teguise), 1999 a 2001 y 2005 (Yaiza), por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística”.