Dice Miguel Zerolo que jamás en treinta años de carrera política ha cogido un euro de comisiones ilegales. Nada que objetar a tal afirmación, lanzada al aire a las pocas horas de conocerse el auto de Garzón. Lo que no conocía seguramente el alcalde de Santa Cruz al hacer esas declaraciones públicas eran aspectos del escrito de la Fiscalía en el que se basó el magistrado para enviar la pieza a los juzgados de Santa Cruz. Por ejemplo, se hacen referencias claras al pago de tres millones de euros para ATI y a “compromisos” adquiridos con el presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga, Luis Celso, al que habría que pagarle 30.000; o a una asesora de Zerolo para asuntos de urbanismo y vecinos, la ex concejal socialista Herminia Gil, a la que habría que pagar 30.000 euros. O el compromiso de aflojarle al presidente de la Autoridad Portuaria el 5% del valor total de las obras a ejecutar por ese organismo en la concesión a la empresa que iba a hacer el muelle deportivo (veamos, 5 x 60= 3 millones de euros).