Cualquiera que se haya leído con detenimiento el manifiesto del Círculo de Empresarios habrá apreciado sin dificultad el aroma soriano que despide en medio de los históricos posicionamientos de quienes forman este respetable colectivo. “Incapacidad de gestionar los recursos públicos”, “presión intervencionista del Gobierno”, “política populista”, “alarma social con amenazas de cierre de colegios y hospitales”? son algunas de las descripciones que realiza el lobby empresarial antes de lanzar su propuesta de “plantear grandes cambios, de buscar soluciones basadas en la política realista de una sociedad madura”, sobre lo que machaconamente proclama el PP del “sentido común”, bajo cuyo manto pretende acabar con lo público para que sea precisamente la iniciativa privada la que se haga cargo de los servicios “que no nos podemos permitir”. Ante ese escenario canario tan apocalíptico, el Círculo habla de otros “modelos de gestión” sin especificar cuáles, para los que “echa de menos administradores públicos responsables y cualificados que sepan enfrentarse a la grave situación que atravesamos”. Y aprovechando que tenía la escopeta cargada, el lobby grancanario ha hecho su contribución al discurso generalizado de la derecha gubernamental con mención especial al “modelo autonómico desvirtuado” con “una situación financiera insostenible”, y con unos “administradores de comunidades autónomas que han asumido competencias propias del Estado sin que ello suponga una mejora de la eficiencia de los servicios”, lo que extrañamente sirve para convertirlo en una posible “causa de que el paro juvenil en Canarias sea del 62%”.