Este contratiempo le cae encima a Willy García en un momento bastante inoportuno, justo cuando el presidente del Gobierno tiene en su mesa, por cortesía parlamentaria, la nueva ley de RTVC que, entre otras cosas, contempla que al nuevo director o directora general del ente lo elija el Parlamento. Será un director general con más poder ejecutivo, con un consejo rector formado por cuatro personas, preferentemente profesionales de la comunicación, que cobrarán un sueldo por dedicarse a reformar la radio y la televisión públicas hasta convertirlas en dos medios públicos que no estén sometidos a los vaivenes políticos, que fortalezca el papel de los periodistas y coloque la calidad y el servicio público como referentes. Dicen en el Parlamento que la ley se aprobará en septiembre porque tanto el PSOE como Coalición Canaria así lo han pactado, y que a principios de 2014 se producirá la elección parlamentaria de director o directora. Todos dan por hecho que Paulino Rivero tratará de salvar la cabeza de Willy García, pero especialmente en sus propias filas desaconsejan su continuidad más allá del tiempo preciso para hacer el relevo formal. Nada se sabe de la postura que adoptará el Partido Popular, cuya última boutade ha sido pedir la privatización de la RTVC “respetando los contratos en vigor”, es decir, respetando el actual presupuesto, mayormente comprometido por esos mismos contratos, lo que equivale a que las cosas sigan exactamente como están. Por cierto, un recordatorio para los correveidiles que Soria tiene en el Parlamento rajando contra la tele pública: el contrato de mayor cuantía (51,5 millones durante ocho años, el de los servicios informativos) fue bendecido por un famoso consejero de Economía y Hacienda de nombre José Manuel Soria. Quedamos a la espera de los costes de Televisión Española en Canarias. Quizás las comparaciones pasen de odiosas a verdaderamente puñeteras.