Lo que contó este lunes en CANARIAS AHORA RADIO el asesor fiscal José Alfonso García, presidente de la asociación Dávide, no deja lugar a muchas dudas. Desde la administración tributaria española, y en algunos casos también en sus homólogas autonómicas y en los negociados municipales correspondientes, se abusa de los contribuyentes de una manera inhumana, con tanta severidad que convierte en defraudador a cualquiera que tenga la mala suerte de caer en sus garras, antes incluso de que se le levante un acta de infracción. El sistema en sí mismo acaba con cualquier posibilidad de presunción de buena fe, de inocencia en su traslación a un proceso penal. El contribuyente está indefenso, sabe que cuando se inicia contra él un proceso así se acaba pagando indefectiblemente, se tenga o no se tenga la razón. Lo importante para el inspector es que su investigado pague, aunque después acaben dándole la razón los tribunales de justicia años después. Para entonces, el diligente funcionario ya habrá cobrado sus bonus y probablemente haya superado los 100.000 euros anuales de ingresos, entre salario bruto y gratificaciones. Será felicitado por sus jefes y su consideración en el escalafón será un orgullo para su familia. El sufrido ciudadano habrá de hacerse con los servicios de abogados, de mejores asesores que los que le llevaron hasta aquella situación, pagar la cuota correspondiente o depositar un aval, pedir un aplazamiento, o en casos extremos, que los hay a porrillo, rendirse y sufrir el embargo y la subasta de sus bienes, la pérdida de todo su patrimonio y el asalto a su nómina de por vida. No les exageramos lo más mínimo: los casos que cuenta José Alfonso García están más que documentados.