Se presenta este miércoles ante los 29 concejales que forman la Corporación municipal de Las Palmas de Gran Canaria una oportunidad muy interesante de apostar por la transparencia y la rectitud en los actos de las administraciones públicas. El portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, propondrá al pleno que el Ayuntamiento recupere el proyecto que ganó el concurso internacional de ideas para dar un destino ciudadano al viejo Estadio Insular, que sufre el deterioro propio de la desidia a la que estamos generalmente condenados. Esa idea original, que ya tiene incluso adaptación a los tiempos de penurias económicas que sufrimos, mereció los aplausos del Cabildo y de la vecindad por lo que suponía de búsqueda de unos usos que encajaran con las necesidades del barrio y con un destino digno y público para un recinto en el que todos los grancanarios tienen depositada alguna emoción. Pero, cosas del juego democrático, cambió la Corporación y la transparencia que arrojaba un concurso público e internacional de ideas ha sido milagrosamente sustituido por el compadreo y el amiguismo. Y quien lo protagoniza no es el consejero Carlos Sánchez, tan dado a esas habilidades, sino el mismísimo presidente de la Corporación, José Miguel Bravo de Laguna, que se ha entregado en brazos de un intermediario empresarial para ejecutar un proyecto claramente privatizador. Rafael González Bravo de Laguna no tiene el capital para invertir, ni un concepto claro del fin social de esa pieza estratégica de suelo, pero tiene la amistad y las comidas frecuentes con el presidente del Cabildo. Su proyecto será sometido a concurso a ver si hay por estos lares algún machote que quiera torcer esas férreas voluntades, y ese concurso tendrá para Bravo de Laguna más legitimidad que el que ganaron los arquitectos Joaquín Casariego y Elsa Guerra en buena lid y limpia pugna. Serán cómplices de la trapisonda los que, teniendo en su mano la llave para que no se cometa el atropello, miren para otro lado este miércoles y los miércoles sucesivos.