Francisco Rodríguez Batllori es funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias con nivel de jefe de sección y un salario bruto superior a 3.000 euros al mes por casi catorce pagas íntegras al año. Pero en sus últimos años de ejercicio en la función pública ha sido un auténtico privilegiado porque ha estado liberado para atender otras ocupaciones generalmente relacionadas con el muy mentado Suárez Gil. Su último destino conocido, al menos sobre el papel, lo vinculaba a la Consejería de Presidencia y Justicia, de donde fue trasladado, por órdenes “de arriba”, a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Las instrucciones cursadas para que Batllori siguiera gozando de las mismas prerrogativas chocaron con un imprevisto, que alguien de la consejería lo llamara para decirle que si quería cobrar debía incorporarse a su plaza. Y lo hizo, pero con la misma agilidad solicitó de inmediato dos meses de licencia para marcharse a echar una mano a Suárez Gil y a Luis Hernández en la campaña para hacer a este último presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. No consta en ninguna parte que haya pedido la compatibilidad para ejercer como abogado, como él mismo ha dicho que hace en una carta publicada la víspera de su detención.