Los grandes pelotazos de la historia actual de Canarias tienen el mismo sello marca de la casa que hemos visto estupefactos todos los canarios en operaciones como el Canódromo, La Favorita o la Finca de San Rafael, por referir sólo los más populares, dicho sea lo de populares con segundas claras intenciones. Y la operación de Majanicho no iba a ser muy distinta: comprada la finca en una subasta judicial en 1999 por 6.000 euros a través de una empresa pantalla de Nombredo SL, pasó a nombre de esta marcantil al año siguiente en una operación de compra-venta que incluyó esa y otras seis parcelas más que se adquirieron por el módico precio de 240.400 euros en julio de 2000. Tan sólo seis meses después de esa operación, el 9 de diciembre de 2000, aparece Domingo González Arroyo aprobando con la mayoría absoluta pepera de la que disfrutaba en La Oliva aquel plan parcial de Majanicho que contradecía todos los informes desfavorables del Gobierno de Canarias. Esa operación hizo que la finca pasara a costar 280 millones de euros. Los ecologistas recurrieron la aprobación del plan parcial, y en 2006 el TSJC les dio la razón, lo que ha venido a ratificar en 2011 el Supremo condenando a la empresa -personada en el último minuto en la causa- a pagar las costas judiciales. Ahora intervendrá Javier Artiles para buscarle al Ayuntamiento de La Oliva una salida que no suponga su ruina. No constan causas penales a los responsables políticos y empresariales del asunto.