Resulta curioso observar cómo los pleitos que Soria pierde ante los tribunales los acabamos pagando los demás, es decir, los inocentes. No vamos a recordarles ahora algunas sentencias penales en las que el presidente del PP ha salido trasquilado y con condena en costas, pero con perdón posterior de la Audiencia Provincial por ser vos quien sois. Los inocentes hemos tenido que pagar abogados y procuradores por una decisión absolutamente injusta de los tribunales que trae causa en un atropello anterior del que denunció falsamente. Pero hoy les queremos hablar de otras sentencias mucho más onerosas y que estamos pagando entre todos los contribuyentes canarios, particularmente los de Las Palmas de Gran Canaria. Este lunes conocimos la confirmación de que la licencia que Soria y Jorge Rodríguez otorgaron en una comisión municipal de gobierno en el año 1997 fue nula de pleno derecho y, como consecuencia de ello, la Biblioteca Pública del Estado de la Avenida del Alcalde José Ramírez Bethencourt deberá ser demolida. ¿Y quién la tiene que demoler? Pues nada menos que el Ayuntamiento que ahora preside Jerónimo Saavedra, que está obligado a convocar un concurso para esa demolición y a dejar a los miles de usuarios de esa biblioteca sin una de las dotaciones de mayor calidad de la ciudad. Para que luego digan que la herencia de Soria es una excusa.