Teníamos razón los que llevamos semanas dando el coñazo con las intenciones del Gobierno de España para con los descuentos marítimos y aéreos. Si lo que se le escapó ayer a Ana Pastor se confirma, se abrirá una nueva brecha entre Canarias y Madrid por un asunto que es indiscutible: para garantizar la cohesión territorial, los canarios, los baleares, los ceutíes y los melillenses debemos poder optar al transporte de una manera ventajosa. Y aquí vale utilizar el tópico necesario de que un peninsular puede desplazarse incluso caminando entre una región y otra. O usar el autocar, el tren, el coche particular, el avión o la bicicleta. Y algunos de esos medios de transporte tienen fuertes subvenciones públicas para su mantenimiento. Es el caso de Renfe, a cuyas cuentas todos los españoles tendremos que contribuir con más de 5.000 millones de euros, que será la deuda con la que cierre el año la compañía ferroviaria española. Deuda que habrá que sumar la de Adif, filial de la anterior, que acumulará a final de 2012 más de 13.400 millones en pérdidas. O Aena, que explota los aeropuertos de toda España y que obtiene pingües beneficios de los de Canarias para poder cubrir la deuda que acumulan los demás, que asciende a un total de más de 13.700 millones de euros. ¿Se imaginan a la ministra de Fomento diciéndole a un madrileño, a un murciano o a un toledano que tiene limitado el número de viajes en tren o en avión? Porque al fin y al cabo, entre todos los españoles estamos subvencionando esos viajes, de los que también se benefician los miles y miles de extranjeros que nos visitan. ¿Saben ustedes a cuánto ascendió en 2011 lo presupuestado para las subvenciones aéreas y marítimas a los no peninsulares? 395 millones de euros; y en 2012, 330. Pues eso.