Hasta el PP vota en contra de Puertos del Estado

Las cosas que están ocurriendo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y las que faltan por ocurrir, están dejando boquiabierta a la concurrencia. Y prácticamente todas tienen que ver directamente con la extravagante decisión de su actual presidente, Luis Ibarra, de levantar alfombras. Hasta la fecha, las cosas en ese organismo se resolvían puertas adentro, en aplicación de aquel viejo adagio que concluía que en ese íntimo ámbito era como debían lavarse los trapos sucios. Ibarra, seguramente por su deformación de censor en excedencia de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ha llevado a la fiscalía asuntos que prometían enquistarse y, como es norma, hasta ahora acostumbraban a taparse con dinero público. El muelle de La Esfinge, los swaps con el Banco Santander, los chanchullos de algunos altos cargos… tienen ahora mismo sobre sí el foco de la Fiscalía Provincial, que parece haberse tomado el asunto con muchísimo interés. En un contexto muy tenso, con el ex presidente del organismo, Javier Sánchez-Simón, tratando de defenderse con la táctica del ataque, y con el presidente de Puertos del Estado jugando a la contra, llega otro final de mandato con asuntos muy espinosos sobre la mesa del consejo de administración del organismo canario. Este martes hubo reunión y bomba: con el presidente Ibarra fuera de la sala por haber recibido una querella de talleres Hidramar, el consejo acordó otorgar a Astican la concesión que la empresa querellante pretendía. El acuerdo tiene su enjundia porque se adoptó contraviniendo claramente las pretensiones de Puertos del Estado, desde donde habían llamado este lunes para que el asunto se pospusiera alegando que querían analizarlo. La realidad es que quien quería ese aplazamiento era la empresa afectada, Hidramar, que mandó el viernes un fax a Puertos del Estado, es decir, a Madrid, pidiendo tiempo muerto. Pero si ya es llamativo que el consejo de administración desoiga por contaminadas las recomendaciones de Puertos del Estado, tramitadas vía técnicos, sin una llamada de cortesía del máximo responsable nacional, José Llorca, al presidente Luis Ibarra, más llamativo es que esas resoluciones se adopten con los votos favorables de representantes del Partido Popular tan destacados como Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas; o tan dependientes como el presidente de la Confederación de Empresarios, Agustín Manrique de Lara; o tan tradicionales como José Miguel Bravo de Laguna. Sólo los tres vocales puestos por el Estado (capitán marítimo, representante de Puertos del Estado y abogado del Estado) respaldaron la opción más favorable a Hidramar, a pesar de los escuálidos argumentos que la avalaban. Lo ocurrido es histórico porque en este pulso, Madrid ha logrado poner de acuerdo en su contra al PP, a Coalición Canaria y al PSOE, dejando en evidencia y solos a sus vocales cautivos.

¿Qué pasa con Hidramar?

Hidramar es un taller de reparaciones navales que poco a poco se había ido ganando una buena reputación hasta convertirse en una empresa con cierto músculo en el principal recinto portuario canario. Quiso optar a la misma concesión que había pedido Astilleros Canarios (Astican): un espacio en el Puerto de La Luz con unas condiciones muy buenas para la reparación de grandes buques y plataformas petrolíferas (profundidad de 20 metros y ancho de muelle de más de 40). El consejo decidió ayer iniciar el proceso para que sea el proyecto de Astican y no el de Hidramar el que se instale allí. Temiéndose esta decisición, Hidramar se querelló contra el presidente de la Autoridad Portuaria y varios directivos por considerar que se había prevaricado al otorgarle a Astican esa concesión de manera provisional hace seis meses y haberle incluido en el lote la lámina de agua. Además, este taller de reparaciones interpuso denuncia ente el Tribunal de la Competencia. Por esa querella ya declaró ante el juez Luis Ibarra y, según sus apreciaciones, en breve recibirá la notificación de archivo. Pero las posiciones de Hidramar han sido muy bien acogidas por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca. Así nos lo reconoció este lunes en una larga conversación telefónica desde Madrid. Tras amenazarnos con una querella por considerar que con nuestros últimos comentarios hemos atentado contra su honor, Llorca insistió mucho en que los principales problemas del Puerto de La Luz y de Las Palmas “son las concesiones”, en referencia directa a la que disputaba esta empresa auxiliar a Astican. Llorca nos remitió a lo que pudiera suceder en el consejo de administración de este martes que, finalmente, se ha saldado con una decisión contraria a su pretensión de dejar sobre la mesa, seguramente para un estudio más profundo, las exigencias de Hidramar. Falta por saber qué pasó el viernes para que esta empresa enviara un fax a Puertos del Estado agitando ostensiblemente la bandera blanca del armisticio. Es muy probable que ya a esas horas ya conociera que su principal cliente, Astican, le retiraba todos los contratos auxiliares. O el escaso recorrido que van a tener sus querellas y denuncias. El caso es que el organismo nacional se adhirió a sus deseos y pidió un aplazamiento en la decisión que ni siquiera las autoridades locales del PP respaldaron. Muy mala pinta tiene la cosa.

El principal problema, una carroza

De nuestra conversación del lunes con José Llorca, presidente de Puertos del Estado, sacamos en claro algunas cosas, unas más relevantes que otras. La primera, como ha quedado dicho, que como sigamos en nuestras tesis nos va a caer una querella que va a temblar el misterio. Nada debemos de oponer a que cada persona que se sienta ofendida, injuriada o calumniada por lo que aquí contamos ejerza sus derechos. Sólo objetaríamos, en el peor de los casos, que no debe el señor Llorca interponernos querella si lo que pretende es reclamar una cantidad por intromisión en su derecho al honor, sino más bien una demanda civil con el riesgo cierto de perderla y ser condenado a las costas judiciales. Pero dijo otras cosas, como por ejemplo que en el Puerto de La Luz ocurren cosas espeluznantes como el descubrimiento de una carroza de carnaval aparcada en una nave propiedad de la Autoridad Portuaria sin pagar los cánones correspondientes. Efectivamente, así es. Hemos hecho las averiguaciones oportunas y se trata de una carroza que utiliza en las carnestolendas una parte del personal del organismo portuario (quince sandungueros) a cuyo frente hemos identificado al director, José Miguel Pintado. Ya se le ha abierto expediente para que todos los que se aprovechan de esa carroza se rasquen el bolsillo, paguen lo que deben y, acto seguido y en evitación de males mayores, se lleven de allí la dichosa carroza. El cachivache en cuestión fue descubierto muy audazmente –es decir, previo chivatazo- por unos inspectores que mandó a las colonias Puertos del Estado, que anda como la gallina sin nidal buscando algo con lo que contrarrestar el marrón que se le viene encima al que pasa por ser su principal protegido, José Daniel López, ex director y corresponsable, junto a Sánchez-Simón y Miguel Larraz, del disparate del muelle de La Esfinge y el islote Perejil, nombre por el que se conoce al dique semisumergido de San Telmo. Unas obras tan disparatadamente rematadas que amenazan con costar al recinto portuario más de 50 millones de euros de subvenciones a la Unión Europea por haberse gastado de manera fraudulenta. Pero ya tenemos la carroza localizada e identificados sus propietarios. Esto marcha.

Se pierden los fondos europeos

Pero esos inspectores de Puertos del Estado ¿sólo vinieron a buscar la carroza? No. Teóricamente aprovecharon el viaje, celebrado hace ya seis meses, para comprobar ese fraude a los fondos europeos que supusieron las obras de La Esfinge y del dique sur. Una comprobación que se pudieron haber ahorrado si un inspector del Ministerio de Fomento venido por estos andurriales en 2011 no llega a aceptar romper el acta de recepción del muelle tras haber descubierto que lo que veían sus ojos no se correspondía ni por asomo con el proyecto subvencionado por las autoridades comunitarias. No se sabe si por indicación de Sánchez-Simón, si por indicación de José Daniel López o si por indicación de ambos haciendo dueto, el caso es que aquel acta de recepción se rompió en mil pedazos para que, al día siguiente, el director del Puerto, a la sazón súper López, iniciara el trámite de un modificado de proyecto. Pues bien, los inspectores de la carroza no han certificado aún eso, quizás porque a Puertos del Estado no le conviene en absoluto que esos datos los maneje la Autoridad Portuaria de Las Palmas y pueda utilizarlos en contra de los anteriores gestores del recinto. José Llorca desmiente esa apreciación para asegurar que, en realidad, con esos informes lo que está intentando Puertos del Estado es negociar con la UE un nuevo destino para los fondos que, efectivamente, hay que desvincular (“descertificar” es el verbo que empleó) de las dos obras donde se utilizaron fraudulentamente. Luis Ibarra asegura que él no dispone de esa información, que si eso lo está haciendo Puertos del Estado lo hace a espaldas completamente de la Autoridad Portuaria afectada. Pero Puertos del Estado no es el único órgano de la Administración central que oculta información a la Autoridad Portuaria o hace dejación de sus obligaciones: desde octubre de 2013 la Intervención General del Estado tiene una petición de Las Palmas para que revise este expediente y a fecha de hoy, ni humo ni pajas.

¿Mínima demolición o menor demolición?

Nos ha llamado este martes el alcalde de Santa Cruz de Tenerife para aclarar, matizar, corregir e incluso ampliar lo recogido por los colegas de La Opinión en su penúltima entrevista (la última nos la concedió a nosotros y está en talleres). José Manuel Bermúdez no es de los que deja los cabos sueltos y antes de que pudiera continuar corriendo que es él el que se inventa la terminología urbanística acuñada bajo el paraguas de “salvemos el mamotreto”, ha aclarado al mundo que ese “principio de mínima demolición” no es de su cosecha, sino que se encuentra en un informe jurídico municipal, fechado en enero pasado, en el que concretamente se habla de “principio de proporcionalidad, conservación de la riqueza y mínima demolición”. Y matizó su reflexión: prevaricaría si, existiendo la más mínima posibilidad de evitar la demolición total o parcial de ese edificio, se aventurara a echarlo a tierra. A lo que añadió que da por sentado que la construcción levantada sobre zona de servidumbre de protección de Costas (más de 400 metros cuadrados) será carne de piqueta seguro y que, si le dieran a elegir, cualquier coste que tuviera terminar esa dotación pública, preferiría dedicarla a otras necesidades de la ciudad. Como somos muy tozudos, hemos vuelto a buscar ese principio que invocan los servicios jurídicos del Ayuntamiento: “proporcionalidad, conservación de la riqueza y mínima demolición”. Y debemos insistir que como tal, como lo han planteado los letrados consistoriales, tal principio no existe. Son principios independientes y, en el caso de la “mínima demolición”, inexistente. Existe, eso sí, el principio de “menor demolición”, recogido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero como sabe cualquier jurista, no es lo mismo “mínima” que “menor”, por ejemplo “menor cuantía” que “cuantía mínima”. Y una cosa, por lo tanto, es que en el caso de posible legalización se acuda a la menor demolición que a la mínima demolición. No, no es lo mismo, aunque parezca igual.