Las amistades sospechosas del director general de Puertos

Es muy probable que Javier Sánchez-Simón, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, esté empezando a percibir en estos momentos la desagradable sensación de que alguien le está suministrando altas dosis de la medicina que él mismo prescribió a algunos empresarios portuarios (y sus satélites) con los que trató durante su estancia en La Luz. Desde que tuvo que abandonar ese privilegiado puesto como consecuencia de la alternancia política, no ha dejado de ser noticia, mayormente negativa, y siempre por su empeño en pronunciar la última palabra, reprochar a los demás lo que los demás se empeñan majaderamente en atribuirle a él y en no dejar pasar esa página de su biografía personal. Todo va a tener que ver con el hecho indiscutible de que por primera vez en la historia de ese organismo, el presidente entrante viola la nociva la costumbre de no levantar alfombras. Él no lo hizo cuando sustituyó a Emilio Mayoral, y Emilio Mayoral no lo hizo cuando sustituyó a José Manuel Arnaiz aunque se tuviera que tragar un quebranto patrimonial acreditado de más de 180 millones de euros. Ha tenido que ser el sustituto de Sánchez-Simón, el socialista Luis Ibarra, el que ha tenido que apechugar con todos los agujeros juntos, al menos con los que no han prescrito. Por su profesión de censor de cuentas, un día se le ocurrió preguntar por un apunte contable de 800.000 euros que aparecía en las cuentas del organismo. Un técnico le dijo que era un pago que venía de atrás, de la etapa de Arnaiz, cuando se firmó una operación de préstamo de 23 millones de euros con el Banco Santander y la entidad obligó a suscribir un swap. Nadie había hecho nada hasta ese momento por resolver ese accidente financiero, ni Arnaiz, que lo firmó irresponsablemente, ni Mayoral, que pagó religiosamente sus cuotas, ni Sánchez-Simón, al que no debió llamarle la atención una operación tan extraña a pesar de ser (o pasar por) un venerable, cualificado y escrupuloso inspector de la Agencia Tributaria. Es ahora cuando se ha interpuesto una querella contra el Banco Santander por una operación cuya tramitación presenta algunas lagunas muy sospechosas. Lo mismo ha ocurrido con el muelle de La Esfinge.

 

 

 

Rompen el acta de la recepción de obras

Todavía era Javier Sánchez-Simón presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuando se produjo un acontecimiento bastante elocuente. Corría el mes de julio de 2011 y desde la Dirección General de Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) se había desplazado a Las Palmas de Gran Canaria uno de sus inspectores, de nombre Emiliano Santamaría. El motivo de su visita era levantar acta de la finalización y entrega al Estado de la segunda fase del muelle de La Esfinge, llevado a cabo con una serie de irregularidades que ahora afloran de manera dramática. El inspector hizo constar en su acta una gran cantidad de incidencias derivadas de modificaciones ejecutadas al margen del proyecto aprobado por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, por Puertos del Estado y por la Unión Europea, que corría con una buena parte de la financiación. Sus interlocutores fueron el director del Puerto, José Daniel López, y el jefe de obras, Miguel Ángel Larraz. El acta se firmó en presencia de los representantes de la UTE que ejecutó la obra (FCC, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago), y como mandan los cánones en este tipo de actos, todos marcharon a un céntrico restaurante de la ciudad a celebrar el colofón del proyecto. Todos menos tres personas: el inspector de Puertos del Estado, el director del Puerto, José Daniel López, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez-Simón. Al inspector se le hizo saber la gravedad de lo que había hecho constar en el acta y los efectos perversos que podrían derivarse por tratarse de una obra subvencionada con fondos comunitarios. Pero eran tan notables las modificaciones, ejecutadas sin proyectos de modificado y sin la autorización del consejo de administración, que era imposible no reflejarlo todo en el acta. Así que los congregados decidieron que lo mejor, vistas las circunstancias, era romper ese documento y hacer pasar la presencia del enviado de Fomento como una mera visita de inspección. Pero había un problema: el representante de la UTE se había ido para el restaurante con una copia del acta en la mano. Lo arreglaron de la manera más tosca posible: lo telefonearon al restaurante, lo hicieron regresar a las dependencias portuarias alegando ciertos matices que había que hacer al acta y delante de sus narices rompieron el original y todas sus copias como si allí no hubiera pasado nada. Al día siguiente de aquel altercado, el director del Puerto y sus secuaces hicieron lo que debió haber hecho muchos meses antes: tramitar un proyecto de modificado que contuviera los cambios que se habían introducido en la obra.

 

Delante de las narices de José Llorca

Corría el año de 2011, como habíamos dicho, y por entonces se sentaba en el consejo de administración de Puertos de Las Palmas el ingeniero de Caminos José Llorca en representación de Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento. Su labor era, como cabe imaginar fácilmente, además de la propia de cualquier vocal, la de velar por los intereses del departamento que allí le destacaba. Sin embargo, conocedor como era de los retrasos y de las incidencias que sufría la obra de La Esfinge desde 2009, jamás hizo nada por aclararlo. Ni siquiera cuando, llegado el PP al poder en noviembre de 2011, lo hicieron director general de Puertos del Estado, es decir, mandarín máximo de la cosa. Es más, en los archivos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas consta una actitud de Llorca realmente sospechosa. A principios de 2014, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, alarmada ante lo que había descubierto, reclamó de Puertos del Estado informes técnicos y jurídicos sobre las irregularidades que había detectado en la obra de La Esfinge y en la del contradique sur, al que se le conoce como Perejil. Quería el organismo abrir expediente sancionador a dos de sus funcionarios, los mentados José Daniel López y Miguel Ángel Larraz. Puertos del Estado dilataba su respuesta, quizás esperando que se cumplieran los plazos de prescripción, lo que iba a ocurrir en diciembre de ese año. Sólo un día después de que Las Palmas sancionara a López y a Larraz con seis y un año de empleo y sueldo, respectivamente, llegaron los informes de Madrid, es decir, en el mes de octubre. Ambos, en poder de LLorca desde junio, ratificaban las irregularidades. Las sospechas sobre el comportamiento de Llorca son un clamor en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y algunos se plantean incluso ampliar a él las responsabilidades penales que pudieran derivarse. Su amistad íntima con José Daniel López, del que fue compañero de carrera y en cuyo domicilio se hospeda cada vez que viene a Gran Canaria, parece ser de momento la única explicación.

 

Patricia Hernández, la más valorada

No hay manera de que los tenedores de encuestas electorales canarias las pongan enteras a disposición de la humanidad. Canarias7 y el Diario de Avisos dieron a conocer una este domingo que en cierta medida confirma las tendencias que venían apuntando las anteriores: batacazo del Partido Popular, leve caída de Coalición Canaria, sostenimiento del PSOE, subida de Nueva Canarias e irrupción de Podemos y de Ciudadanos. La encuesta de este domingo, elaborada por TSA, parece que por encargo del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, presenta sin embargo algunos aspectos que la separan de las que han hecho Coalición Canaria y el PSOE. Básicamente en el tamaño de la irrupción de Ciudadanos, que TSA calcula en el triple, y la subida de Nueva Canarias, que las demás encuestas reducen a un diputado y TSA sitúa en 4-5. Por lo demás, se confirma uno de los mayores dramas del año: Coalición Canaria y el Partido Popular sumarían 31diputados a duras penas, lo que echa por tierra el sueño de muchos dirigentes de ambos partidos que hasta se habían quedado fuera de las listas al Parlamento en la confianza de que tocarían Gobierno llegado el momento procesal oportuno. La líder más valorada por los canarios, siempre según TSA, es Patricia Hernández, candidata socialista, y no es que solo sea la que más nota saca, sino que incluso aprueba, lo que en estos tiempos tan malamañados que vivimos (o que viven los políticos), constituye todo un acontecimiento. La encuesta tiene algunas lagunas que ya han hecho notar los expertos: 1) los cálculos que hace para La Gomera debieron otorgarle dos diputados y no uno a Casimiro Curbelo (que saca más votos que votantes) y 2) dice Nacho González que no contempla el efecto Unidos, lo que podría trastocar por abajo algunos resultados. Seguramente, aunque eso no signifique que esa nueva coalición obtenga un acta parlamentaria.