Las primeras revelaciones de la operación Unión apuntan con descaro a una práctica habitual en Lanzarote. Los empresarios interesados en promover sus urbanizaciones contrarias al ordenamiento jurídico envían a sus intermediarios a comprar a los políticos, sean del signo que sean. La impunidad imperante hasta la fecha tropezó de repente con un político (y con un grupo de gobierno en el Cabildo) dispuesto a frenar esos hábitos presuntamente corruptos (lo de presuntamente lo pueden quitar si lo desean). Que Fernando Becerra haya entrado en el despacho de Carlos Espino advirtiéndole de lo grueso de la propuesta que le iba a hacer no debe sorprendernos porque, a la postre, se dibuja como una costumbre inveterada en las instituciones conejeras desde que Dimas Martín se dedicó a robar para los más necesitados. Espino no sólo grabó a Becerra con una sofisticada grabadora facilitada por la Guardia Civil, sino que lo hizo con unos cuantos imputados más. Los agentes del instituto armado esperaban a la puerta de su despacho para llevarle la grabación calentita a su señoría.