De prosperar ese nuevo conchabo entre el PP y Nueva Canarias, la junta rectora del Consorcio acabará con el mandato de José Fernández, el gerente que en un año ya tenía preparados los proyectos para empezar a invertir en Playa del Inglés-Maspalomas más de diez millones de euros procedentes de las cuatro administraciones que forman el órgano: Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento (por llamarlo de algún modo) de San Bartolomé de Tirajana. Porque al voto del consistorio sureño habría que sumar el del Cabildo (cautivo por la moción que aprueben Román Rodríguez y Carlos Sánchez) y los dos del Gobierno, con la particularidad de que uno de ellos, el de Rita Martín, actualmente ejerciendo de presidenta de turno, es de calidad para el caso de empate. Todos los conocedores de la jugada dan por hecho que con esta escaramuza se bloqueará el consorcio para lo que queda de mandato municipal, insular y autonómico. Porque ya se imaginarán lo feliz que va a quedarse el Gobierno de España ante esta nueva muestra de bananerismo autóctono y ultraperiférico. Pero darán saltos de alegría los artífices de esta nueva payasada al comprobar cómo San Bartolomé de Tirajana pierde una nueva oportunidad para salir del ostracismo al que lo han condenado personajes como los actuales regidores municipales.