Porque, además del recurso contencioso-administrativo contra el cambio de uso de la parcela del canódromo, el despacho de Nardy Barrios interpuso en su día (2004) una querella contra la concesión de las primeras licencias en ese solar, y ambas iniciativas han prosperado este mismo mes de febrero. La Sección Primera de la Audiencia Provincial, que parece haber metido el turbo cosa fina en estos primeros meses de 2008, ha ordenado abrir diligencias penales por si Pepa Luzardo y su equipo hubieran cometido delito al conceder licencia en 2004, sin que se descarte que la investigación alcance a octubre de 2003, cuando se aprobó el Plan Especial de la zona del canódromo sumando como espacios libres para alcanzar el cómputo legal hasta los patios interiores de las viviendas schamaneras. Otro escándalo, y van ni se sabe,