Cuenta Antonio Morales en su artículo, con la sabia prudencia que le caracteriza pero con la contundencia de quien maneja información de calidad, que el mapa eólico marino elaborado por el Gobierno de España fijó como áreas de exclusión (no susceptibles de convertirse en parques eólicos) el corredor entre Gran Canaria y Tenerife y toda la costa Este de Gran Canaria, justo las zonas de más potencialidad eólica. El Gobierno del Estado lo justificó en base al tráfico marino y a la existencia de espacios de protección medioambientales, argumentos que, a juicio de Morales, podrían rebatirse en parte con estudios propios. La Mancomunidad del Sureste, de la que forma parte Agüimes, ha pedido reiteradamente informes para instalar parques eólicos marinos en Canarias, lo que llevó al Gobierno a anunciar el 1 de septiembre de 2009 la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por un conflicto de competencias ante la aprobación de estudios energéticos y ambientales por parte del Gobierno de España. Sorprendentemente, el recurso ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional por haberse presentado fuera de plazo. Tal negligencia lleva a Antonio Morales a lamentar que el Gobierno de Canarias no ponga el mismo interés para las energías alternativas que el que manifiesta con tanta pasión para la implantación del gas.