Resultó tan chapucera la operación de compra de esos dos locales en Sonneland, que hasta el registrador de la propiedad la echó para atrás al descubrir que la persona que la había realizado por parte de La Caja, Juan Francisco García, no tenía facultades legales para ejecutarla. Dicen los informes internos de la entidad que, con el dinero desembolsado en esta compra-venta, habría dado para adquirir dieciocho locales en un centro comercial. Y si era poco el desaguisado, los locales estaban fuera de ordenación urbanística, al no tener un uso independiente de la explotación hotelera a la que estaban vinculados. Las ordenanzas municipales reguladoras de la parcela prohibían cualquier uso comercial de estos locales distinto al de los propios servicios del hotel. Esto significaba que en ellos no se podía instalar una oficina de La Caja de Canarias. Hubiera cabido un servicio de alquiler de pianos, con su afinador incluido, pero de haber necesitado un piano y alguien que lo afinara, García los habría contratado en el mercado y pagado con dinero de la Obra Social.