Es verdad lo que dice Soria, lo que dicen Adán y Berriel, lo que dice la Fiscalía y lo que sostienen algunos jueces: las conversaciones del empresario Santana Cazorla con las más altas instancias de esta nacionalidad son las normales y corrientes entre un señor que defiende sus intereses y unos servidores públicos que buscan satisfacer el interés general. Tanto es así que todos los empresarios archipielágicos que tramitan proyectos similares han podido dirigirse a los responsables públicos cuando lo han considerado oportuno y reclamarles las mismas apreturas de tosnillos, los mismos “coño, mira a ver, Dominguito” o los mismos “habla con Faustino, a ver”. Es el caso, por ejemplo, del propietario de la urbanización Club La Santa, de Lanzarote, que lleva desde octubre de 2007 esperando a que el Gobierno de Canarias tramite, al menos con la mitad de celeridad con que tramitó el de Anfi Tauro, su proyecto de ampliación de instalaciones deportivas y construcción de 300 nuevas camas declarado desde entonces de interés general por el Cabildo de la isla.