Se nos ocurre, ya metidos en gastos, recomendar al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que plantee también una cuestión de lesividad para el interés general alrededor de la operación de compra de los derechos de reversión de los terrenos de los Bravo de Laguna en La Isleta. También fue Luis Hernández quien pagó un dineral por aquella operación (1.500 millones de los de antes, con unos elevadísimos intereses de 250), para que al final una sentencia del Supremo otorgara la razón al Ministerio de Defensa, que se quedó con el suelo por donde se pretendía ampliar el recinto portuario. Hernández prefirió pactar con la familia en lugar de esperar a ver si con el Patrimonio del Estado se podía alcanzar un acuerdo más ventajoso para el interés público. Y el PP cierra el pico, para mejor proveer.