Las opiniones vertidas en su día por los cinco jueces (Miguel Losada, decano de Las Palmas; Javier Varona, Victoria Rosell, Miguel Ángel Parramón y Tomás Martín), además de un par de abogados, se publicaron en el periódico La Provincia el pasado 26 de septiembre. Y se incluía también la valoración que del asunto hacía el fiscal general de Canarias, Vicente Garrido: “Me parecen unas afirmaciones injustas, en modo alguno ciertas y podrían ser objeto de infracción penal”. Sin embargo, no corresponde al Poder Judicial expedientar a un fiscal, sino directamente al Ministerio de Justicia, que no está precisamente estos días para muchos trotes.