Las respuestas ofrecidas este miércoles por Miguel Zerolo a Cope Tenerife, una vez comenzaron a divulgarse las noticias sobre esta evidente maquinación, no son propias de un senador del Reino. En vez de ofrecer explicaciones razonables, excusas aceptables o una confesión en toda regla, el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife optó por la huida hacia adelante: los que cogieron los papeles y los pusieron en manos de la fiscal María Farnés Martínez “sólo quieren enmierdar”, y de existir esos documentos, “yo tenía 10 años” cuando se hicieron. Una falacia detrás de otra que solo confirman el terror producido ante el previsible daño que estos hallazgos van a provocar en la causa penal residenciada en estos momentos en el Supremo como consecuencia de la condición de aforado del principal sospechoso. Zerolo tenía la obligación de saber cuál era el estado patrimonial de una propiedad por la que iba a pagar (y luego pagó) 54 millones de euros; tenía la obligación de asegurarse que no estaba infiriendo un quebranto patrimonial grave a la institución que presidía, y tenía la obligación de exigir de su equipo de técnicos la máxima diligencia y seguridad sobre lo que se hacía. Salvo que, como muchos sospechan y las pruebas reflejan, las instrucciones fueran justo en sentido contrario. Se equivocan quienes crean que este giro a la causa opera en favor de los empresarios imputados, por mucho que quieran mantener vivas sus acciones civiles de reclamación de daños por la paralización de la operación. Si la Fiscalía Anticorrupción actúa con la lógica precisa, María Farnés Martínez habrá de elevar al Supremo un escrito conteniendo lo que el Ayuntamiento le acaba de aportar, y acto seguido, el alto tribunal habría de abrir una nueva investigación por estafa y falsedad en documento público, lo que puesto en relación con los otros dos delitos que permanecen vivos en la causa (malversación y prevaricación) podría dar lugar a un agravamiento de la situación de los sospechosos, entre los que se encuentran los empresarios que se forraron con la operación. Y dentro de ese agravamiento, no es descartable que se recupere el delito de cohecho, sorprendentemente descartado por la fiscalía a pesar de los evidentes indicios de enriquecimiento ilícito de muchos de los imputados. La está servida porque todo hace pensar que existió una maquinación que se cocinó en los servicios municipales, contó con el impulso del alcalde y sus concejales y asesores, con la complicidad imprescindible de los rectores de la Junta de Compensación de Las Teresitas y Valle de Huertas, y con el empujón final en forma de más que sospechoso préstamo del consejo de administración y los principales directivos de CajaCanarias. Que alguien pueda pensar que los dos principales beneficiarios del pelotazo se puedan ir fácilmente de rositas en este nuevo giro fáctico sencillamente está soñando. O no tiene ni puta idea, por ceñirnos a la versión más agreste de Miguel Zerolo.