El aviso nacionalista llega en el momento más propicio, como es natural. Paulino Rivero aún no ha sido recibido en La Moncloa por Mariano Rajoy en la ronda de contactos con los presidentes autonómicos, una agenda que viene muy bien al dirigente nacionalista porque le permitirá seguir cargándose de razones. De entrada, es de prever que Rivero traslade a Rajoy la exigencia principal, la que siempre han mantenido ante Madrid los Gobiernos de Canarias, incluso durante las largas etapas en que el PP ha formado parte de él: que no se reduzcan las transferencias de capital y que la media de inversiones en Canarias se corresponda con la del resto del país. Es de esperar que, además, el presidente canario recuerde al de España que Canarias es una de las tres autonomías que estuvieron en un límite más que razonable de déficit público en 2011, rozando el óptimo. Y que el Archipiélago soporta una tasa de desempleo que no aconseja en absoluto un tratamiento simétrico en el recorte presupuestario. El remate será, muy probablemente, el recordatorio de ofensas cosechadas por Canarias durante estos primeros setenta días de Gobierno popular, unas ofensas infligidas para colmo por el ministro canario, José Manuel Soria. Siendo cierto que la supresión de las bonificaciones a las tasas aeroportuarias no tuvieron especial incidencia en la ciudadanía, ni hubo especial contestación popular por la desaparición de las primas a las renovables, a pesar del importante daño que supondrá para la economía y el desarrollo de la región, la sospechosa y atrabiliaria gestión de los permisos para las prospecciones petrolíferas a Repsol ha acabado por exacerbar los ánimos hasta el punto de convertirse en la gota que ha rebosado el vaso.