Un Estadio de Gran Canaria, por cierto, que es de titularidad del Cabildo, en estos momentos regido por el Partido Socialista. No se nos pasa por la cabeza escuchar a José Miguel Pérez ordenando a sus subordinados que se prohiba a cualquier alto cargo de la autonomía hacer declaraciones a la prensa en ésa u otras instalaciones insulares. Pero puestos en el pellejo de los ofendidos, se nos ocurre imaginar lo que ocurriría si el delegado del Gobierno tuviera una ocurrencia similar y prohibiera a los consejeros del Gobierno autónomo hacer declaraciones en los puertos o en los aeropuertos, en todo el litoral costero canario, incluyendo sus playas; en cualquier barco que surque las aguas territoriales españolas o en cualquier sede gubernamental del Estado. Excluimos las prisiones y las delegaciones de la Agencia Tributaria, de las que algunos ya huyen sin que se les julee.