La solución para Catalunya pasa por Pedro Sánchez

No es miopía, es ceguera. Enrocarse en que el conflicto catalán es un asunto de unos locos independentistas, antiespañolistas o cantamañanas es dar la espalda a lo que viene sucediendo en Catalunya este último quinquenio. Basta con visitar Barcelona, Lleida o cualquier pueblo o ciudad y poner la oreja. Quien lo haga podrá comprobar de inmediato que el sentimiento de cabreo está ampliamente generalizado, que no tiene que ver necesariamente con las ideologías. He escuchado, por ejemplo, a prestigiosos magistrados y magistradas defender el procés con poderosos argumentos, incluidos los legales.

Por eso resulta disparatado centrar el debate exclusivamente en qué tipo de respuesta merecen los catalanes, si el artículo 155 de la Constitución, es decir, intervenir la autonomía, o –como preconizan algunos– movilizar al Ejército para que actúe al grito de “¡a mí la Legión!”.

Por un principio de mera prudencia que ha de presuponérsele todavía al Gobierno del Partido Popular, habría que descartar la intervención militar, pero ésa sería la continuación a la aplicación del 155. Porque, como dice el constitucionalista Santiago Pérez, “ese artículo es como el botón nuclear: está para no apretarlo porque lo siguiente sería la vuelta al planeta de los simios”.

Ante tan descabellados escenarios, la solución es Pedro Sánchez y en su contra ya han salido las fuerzas vivas del centralismo españolista, con los dos periódicos de mayor circulación a la cabeza, restringiéndole los movimientos para que se mantenga con ellos instalados en el círculo vicioso, en el más de lo mismo hasta que el cuerpo aguante.

Reconocida hasta por los más conspicuos marianistas la incapacidad del presidente para gestionar adecuadamente este asunto y con cualquiera de las soluciones de fuerza puestas sobre la mesa amenazando con no conducir “a parte alguna” (en aplicación de su académico lenguaje) otros actores políticos han de tomar la iniciativa.

Y el primer responsable político que debe hacerlo es el líder del principal partido de la oposición, recién salido de un proceso interno del PSOE en el que no solo ve fortalecido su liderazgo sino también las tesis que jamás le dejaron poner en práctica para resolver la crisis institucional que aún hoy vive el país.

Pedro Sánchez debe sentarse de inmediato, con la mayor prudencia pero sin límites de agenda, con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la búsqueda de una rápida desactivación del referéndum del 1-O. No es solo una exigencia democrática, es una necesidad para ambas partes.

El president sabe que su referéndum corre cierto riesgo de fracaso, aunque celebrarlo venciendo todas las fuerzas centrípetas del Estado ya podrá considerarlo una victoria.  Su triunfo, sin embargo, sigue siendo la cerrazón fundamentalista del Estado, y su peor derrota es la que pueden sufrir el pueblo catalán y su propio partido hasta el punto mismo de la desaparición: una consulta con baja participación o con un resultado contrario a la independencia. Frente a eso, la utilización de la fuerza, la prohibición (en cualquiera de sus modalidades) o la humillación de Catalunya por parte de Madrid desembocaría en consecuencias impredecibles. A nadie debería apetecerle un escenario así.

Esas incertidumbres aconsejarían a Puigdemont acoger con entusiasmo cualquier intento negociador que sea promovido por Pedro Sánchez.

Sobre la mesa habrán de ponerse las reformas legislativas que reclama Catalunya: infraestructuras, financiación, techo competencial… incluido el compromiso de una reforma de la Constitución cuando haya fuerza parlamentaria suficiente para acometerla en la búsqueda de una fórmula federal que satisfaga a todas las nacionalidades y regiones, así como al principio análogo en todas las Constituciones de nuestro entorno de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, o si se quiere, en los pueblos de España. Todos.

Pero a cambio de esos avances hasta ahora imposibles, el president debe comprometerse a desconvocar de inmediato el referéndum y a colaborar con el PSOE y las demás fuerzas progresistas de las Cortes Generales a desalojar al PP de todas las instituciones donde no tenga la mayoría. Es el partido culpable de que se haya enquistado este conflicto y el partido responsable de la crisis institucional  derivada de su corrupción estructural.

Porque con el referéndum desactivado, zanjado uno de los problemas más inflamados de la historia reciente y reconducidas las relaciones entre España y Catalunya, ¿quién en el PSOE se atrevería a negarle a su secretario general la libertad para negociar con quien quiera? De los editorialistas y hooligans de la prensa del movimiento ya se encargarán los hechos de avergonzarles.